Un juez anula el intento de Trump de recortar el programa de visados H-1B

Un juez federal anuló en diciembre un plan de la Administración Trump que aplicaba duras restricciones al programa de visados H-1B, que ha sido durante mucho tiempo una vía crucial para que empresas, compañías de nueva creación y centros sanitarios contraten y retengan a trabajadores extranjeros altamente cualificados.

En la sentencia del 1 de diciembre en Oakland, el juez de distrito Jeffrey White anuló los drásticos cambios normativos introducidos en el programa de visados H-1B. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que anunció los cambios en octubre, alegó que eran necesarios para proteger a los trabajadores estadounidenses debido a la pérdida de puestos de trabajo por el COVID-19. Los cambios de la Administración Trump habrían obligado a las empresas estadounidenses a pagar salarios desorbitados a los trabajadores extranjeros y a reducir el número de visados H-1B disponibles en el país.

La Administración no ofreció transparencia

Anualmente, Estados Unidos expide unos 85.000 visados H-1B a trabajadores extranjeros cualificados en sectores como la ciencia, la medicina, la educación, la ingeniería, las finanzas y la informática. Con los cambios propuestos por la Administración Trump, ese número se habría reducido en un tercio. Estos visados son muy codiciados, lo que obliga a Estados Unidos a seguir un sistema de lotería a la hora de concederlos.

Entre las cuestiones examinadas por el juez White figuraba el intento de la Administración Trump de eludir los procedimientos de transparencia, sin dar así al público la oportunidad de formular observaciones. La Administración Trump alegó que las modificaciones necesitaban una rápida aplicación debido a la COVID-19. Sin embargo, White refutó tales afirmaciones, ya que la Administración Trump intentó adoptar las normas seis meses después del inicio de la pandemia.

Sin posibilidad de comentarios, perjudicial para las empresas estadounidenses

El caso se originó a través de una demanda presentada por la Cámara de Comercio de EE.UU. y varias universidades, entre ellas el Instituto Tecnológico de California y la Universidad de Utah. Los demandantes sostenían que no hubo oportunidad de que el público hiciera comentarios sobre la propuesta y que los cambios afectarían drásticamente a las relaciones entre las empresas estadounidenses y "cientos de miles" de empleados actuales.

La sentencia del juez parece coincidir con lo que han dicho muchos críticos de los cambios propuestos: Las modificaciones perjudicarían sobre todo a empresas estadounidenses como las de nueva creación y los proveedores de servicios sanitarios.