Nueva sentencia contra la política de detención del gobierno

Independientemente de su estatus migratorio, las personas en Estados Unidos deben gozar de las debidas garantías procesales. Así pues, tanto si un residente es ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde, como si esa persona es un inmigrante con o sin la documentación adecuada, no se le debe negar la oportunidad de tener un juicio justo a través del sistema judicial.

Hasta un 20% de los inmigrantes detenidos en Estados Unidos se encuentran en California, y estas detenciones a menudo se producen como resultado de una política que las impone sin permitir que esas personas tengan audiencias de fianza. Como resultado, muchos inmigrantes indocumentados han permanecido bajo custodia y se les ha negado la oportunidad de impugnar los casos en su contra mientras esperaban la deportación, incluso cuando el presunto delito ocurrió hace años.

El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos ha determinado recientemente que debe mantenerse la prohibición de esta práctica de detención obligatoria. La decisión original fue el resultado de una demanda colectiva presentada por Asian Americans Advancing Justice, American Civil Liberties Union of Northern California y Keker & Van Nest, que impugnaban las medidas del gobierno.

En Estados Unidos, el gobierno federal está obligado a cumplir las leyes, al igual que quienes viven en el país y quienes permanecen aquí temporalmente. El sistema judicial está establecido como un medio para garantizar que las personas no sean maltratadas por quienes ostentan la autoridad. Un inmigrante detenido ilegal o legalmente puede beneficiarse del asesoramiento de un abogado que le ayude a evitar injusticias.

Fuente: American Civil Liberties Union of Northern California, "Mandatory Detention Struck Down in California and Other Western States; Thousands of Families Now Protected", 5 de agosto de 2016.