La autoridad de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos trabajan para impedir que las personas crucen ilegalmente las fronteras y lleguen a ciudades como Los Ángeles y otros lugares de Estados Unidos. Las patrullas tienen la misión de proteger al país de quienes quieran o puedan causar daño, y están facultadas para detener a quienes carezcan de la documentación adecuada, así como para detenerlos y deportarlos.

La Unión Americana de Libertades Civiles señala que para iniciar una parada de tráfico, un Agente de la Patrulla Fronteriza debe tener un motivo concreto para sospechar que se está infringiendo una ley de inmigración. Para registrar un vehículo, debe haber motivos aún más fundados para creer que el inmigrante ha hecho algo ilegal. Pero los agentes no necesitan una sospecha razonable para realizar un registro en un puerto de entrada a Estados Unidos.

Según la ACLU, los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden a veces abusar de su poder al realizar paradas, registros e incautaciones de bienes que no les corresponden. La ley federal otorga a los agentes una mayor autoridad cuando operan en un radio de 100 millas de las fronteras de EE.UU., un rango que incluye Los Ángeles y muchas otras grandes ciudades estadounidenses. Establecer puntos de control de inmigración es una función legítima de la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, si un agente va más allá del procedimiento aprobado de preguntar sobre el estatus legal de una persona, puede ser una violación de los derechos de esa persona.

El International Business Times informa de que inmigrantes deportados se les garantiza que recibirán sus bienes personales cuando sean puestos en libertad, según la política del DHS. Sin embargo, la ACLU afirma que los agentes de la Patrulla Fronteriza se están apoderando presuntamente de objetos personales como dinero, ropa e identificaciones, y se los quedan. La ACLU alega que se han producido al menos 26 incidentes relacionados con esta práctica en su nueva denuncia presentada ante el DHS.